Vender la masa de bienes que han venido a ser propiedad del Estado, no es tan solo cumplir una promesa solemne y dar garantía positiva a la deuda nacional por medio de una amortización exactamente igual al producto de las rentas, es abrir una fuente abundantísima de felicidad pública; vivificar una riqueza muerta; desobstruir los canales de la industria y de la circulación; apegar al país por el amor natural y vehemente a todo lo propio; enganchar la patria, crear nuevos y fuertes vínculos que liguen a ella; es en fin identificar con el trono excelso de Isabel II, símbolo de orden y de la libertad.
No es, Señora, ni una fría especulación mercantil, ni una mera operación de crédito, por más que éste sea la palanca que mueve y equilibra en nuestros días las naciones de Europa: en un elemento de animación, de vida y de ventura para la España. Es, si puede explicarme así, el complemento de su resurrección política.
El decreto que voy a tener la honra de someter a la augusta aprobación de V. M. sobre la venta de esos bienes adquiridos ya para la nación, así como en su resultado material ha de producir el beneficio de minorar la fuerte suma de la deuda pública, es menester que en su tendencia, en su objeto y aun en los medios por donde se aspira a aquel resultado, se enlace, se encadene, se funda en la alta idea de crear una copiosa familia de propietarios, cuyos goces y cuya existencia se apoya principalmente en el triunfo completo de nuestras actuales instituciones. [...]
Nada se habría hecho para alcanzar el pensamiento de multiplicar el número de los propietarios españoles, si ya que los bienes de que se trata han de ser aplicados a la extinción de la deuda pública, no se ensanchara hasta el mayor término posible la facilidad de satisfacer el precio de las compras, combinándola de tal modo con la posibilidad de las clases medias, y con las aficiones más comunes de los hombres, que de la misma salga el empuje que avive los deseos de hacerse propietarios.
Gaceta de Madrid, 21 de febrero de 1836
